En un estado clasificado en el puesto 41 en educación (según US News), las familias ahora han sido privadas de la oportunidad de elegir soluciones académicas alternativas que se adapten a sus necesidades únicas.

Michael F. Acquilano, vicerrector y director de operaciones de la Diócesis de Charleston, dijo: "Estamos tremendamente decepcionados por la noticia. En lugar de priorizar las necesidades de los niños, el tribunal ha optado por castigar a las familias de Carolina del Sur. Miles de niños de hogares de bajos ingresos, que ya habían recibido fondos para el año académico, ahora enfrentan una gran incertidumbre."

“La Iglesia Católica cree que todo ser humano está creado para más. No podemos limitar el impacto de lo que una educación sólida y una formación pueden proporcionar a un niño, a una comunidad y a nuestro estado", dijo.

“Nuestras escuelas católicas han demostrado durante mucho tiempo su capacidad para transformar la vida de numerosos estudiantes provenientes de contextos difíciles, llevándolos a alcanzar niveles destacados en el ámbito empresarial y en la sociedad”, continuó Acquilano. “Contamos con siglos de datos y evidencia que demuestran que una educación sólida es el principal factor para erradicar la pobreza. El programa ESTF habría reforzado el impacto positivo que la Iglesia ha tenido durante siglos. Seguiremos comprometidos en apoyar a los niños y familias en Carolina del Sur.”

Los $1,500 iniciales del total anual de $6,000 fueron asignados a estudiantes y familias para el primer trimestre del año académico. Estos fondos no serán revocados; sin embargo, el resto no podrá distribuirse a escuelas no públicas. La orden solo impide el registro y la cobranza de tarifas en escuelas que no son públicas.

Sin embargo, la decisión del tribunal de esperar hasta que el nuevo año escolar estuviera en marcha durante varias semanas es un golpe devastador para muchas familias. Las escuelas católicas en Carolina del Sur educan a un porcentaje mayor de estudiantes con necesidades especiales que las escuelas públicas.

El Fondo Fiduciario de Becas para la Educación (ESTF) había dado a los padres la capacidad de elegir una educación que mejor se adaptara a las necesidades de sus hijos. La educación católica se volvió accesible para miles de familias que, de otro modo, no podrían haberla costeado. Esta decisión coloca a esas familias y a las escuelas no públicas en circunstancias inciertas sobre si los estudiantes podrán continuar.

El gobernador Henry McMaster emitió un comunicado en respuesta pidiendo a la corte que “reconsidere con prontitud” su decisión en nombre de los niños de familias de bajos ingresos

para que puedan “tener la oportunidad de asistir a la escuela que mejor se adapte a sus necesidades.”

“La decisión de la Corte Suprema puede tener consecuencias devastadoras para miles de familias de bajos ingresos que dependían de estas becas para la inscripción de sus hijos en la escuela el mes pasado”, decía el comunicado. "También podría poner en peligro la futura inscripción de decenas de miles de estudiantes en programas estatales de kínder para niños de cuatro años y becas financiadas por el estado utilizadas por estudiantes en universidades privadas y HBCUs."

La Superintendente Estatal Ellen Weaver dijo que las familias lloraron de alegría cuando los fondos de las becas estuvieron disponibles, pero que la decisión de hoy "trae a esas mismas familias lágrimas de devastación."

"El retraso en la presentación inicial y la decisión posterior en mitad del primer trimestre del nuevo año escolar están causando estragos en los estudiantes participantes y sus familias", explicó Weaver.

“Aunque respetuosamente no estoy de acuerdo con las conclusiones de la decisión mayoritaria, sigo comprometida a trabajar con el Gobernador y la Asamblea General para encontrar una manera de apoyar a estos estudiantes y la libertad educativa para todas las familias de Carolina del Sur. Estos estudiantes merecen algo mejor, y no descansaré hasta que lo obtengan", dijo.

La Conferencia Católica de Carolina del Sur (South Carolina Catholic Conference en inglés), también dirigida por Acquilano, se unió al gobernador en solicitar que la Corte Suprema del estado reconsidere en nombre de los miles de estudiantes que asisten diariamente a las escuelas católicas en todo el estado. La Conferencia se comprometió a “seguir trabajando incansablemente para proporcionar a las familias de Carolina del Sur una mayor elección educativa tanto ahora como en el futuro.”